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domingo, 3 de julio de 2016

Los penales de Tamaulipas, donde los presos viven en hoteles de lujo

Tamaulipas.- Adolescentes son presas fáciles para el crimen organizado y ante las fallas legales de las autoridades en Tamaulipas, cada vez más jóvenes se agregan a las filas de la delincuencia.

Jorge Valdés Vargas, diputado local, refirió que actualmente no se ha aplicado una estrategia funcional para rescatar a los menores de edad, toda vez que las cárceles no sirven para que se recuperen.

“La verdad es que yo creo que ni los penales ni los centros tutelares son centros de rehabilitación, para mí son hoteles de lujo, no hay realmente una rehabilitación real”.

Señaló que el problema es de fondo y radica en la falta de rigor al momento de ejercer la autoridad, además de que falta seguridad en dichos centros.


“Esperemos que esto vaya avanzando con el nuevo sistema de justicia penal y que ahora con el nuevo gobierno ojala apliquen con el rigor de la ley y la rehabilitación sea real”.



sábado, 2 de julio de 2016

"Doy un millón de dolares por el nombre del agente de la DEA que me descubrió", dijo Caro Quintero

Cuando el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero se percató de la inminencia de su deportación de Costa Rica a México, aprovechó unos pocos segundos en el trayecto de un automóvil policial a una aeronave en la que ese día —5 de abril de 1985— fue repatriado, y soltó una tentadora oferta a un agente costarricense con el que caminaba esposado a su muñeca: un millón de dólares a cambio del nombre del oficial de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, que descubrió su presencia en este país.

La oferta fue planteada mientras ambos recorrían un corto trecho de la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría, el principal de Costa Rica, hacia el avión de la Procuraduría General de la República (PGR) que, poco después, volaría a la Ciudad de México con el capo y siete mexicanos más de la misma organización criminal a bordo.

El ofrecimiento ocurrió en segundos, contó el costarricense, quien en ese entonces laboraba en el Organismo de Investigación Judicial y ahora trabaja con la DEA. La identidad del agente se mantiene en reserva por seguridad.

La presencia en Costa Rica del narcotraficante —quien quedó libre tras 28 años de prisión por contrabando de drogas— fue detectada por la DEA el 3 de abril de 1985. Al día siguiente, a las 5:45 horas, 10 agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y 15 de la Sección de Estupefacientes del Órgano de Investigación Judicial, ingresaron a una residencia de lujo cerca del aeropuerto, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital.

Caro Quintero y su novia Sara Cosío estaban en una cama casi sin ropa. Cuando observaron su habitación, llena de hombres con trajes de fatiga, pasamontañas y rifles de asalto, pensaron que se trataba de un robo.

Estaban asustados, no sabían qué pasaba, hasta que un agente del OIJ leyó la resolución del juez, Jorge Meza, quien permitió el allanamiento por un supuesto secuestro. Los policías le pidieron a la pareja vestirse. Caro Quintero nunca dijo una palabra, aunque mostró asombro, relató el viernes un ex agente del OIJ que participó en el allanamiento. “Yo no estoy secuestrada... yo estoy enamorada de Caro Quintero”, manifestó Cosío en su declaración a la policía.

Doce horas después del allanamiento, a las 6 p.m., y tras ser enviadas a México las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una respuesta inesperada: “Ustedes detuvieron a Caro Quintero, lo buscamos por tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes”.

Una nave de la PGR despegó a las 16:00 horas del 5 de abril de Costa Rica rumbo a México, llevando a Caro Quintero y a siete mexicanos más arrestados en la casa luego de un breve tiroteo: José Albino Bazán Padilla, Miguel Ángel Lugo Vega, Luis Beltrán Alvarado, Juan Francisco Hernández Ochoa, Violeta Estrada, Rodrigo Soto Guerrero y Juan Carlos Campos.

Bajo severas medidas de seguridad, salieron de las patrullas y fueron conducidos al aparato de la PGR. En ese corto trayecto, Caro Quintero aprovechó para pedir el nombre del agente de la DEA que le localizó en Costa Rica.

En medio de la controversia política, policial y judicial provocada al descubrirse que Caro Quintero estuvo del 17 de marzo al 5 de abril en Costa Rica, precedido por un proceso de compra de residencias y otros bienes desplegado por sus lugartenientes, oficiales antidroga de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica investigaron la solicitud del mafioso mexicano al agente costarricense. Caro Quintero, identificado como Rafa y R-1 y jerarca del cártel de Guadalajara, pretendía vengarse del oficial estadounidense que le localizó en Costa Rica.



Juez intenta sacar a El Chapo de la cárcel... a pedido de sicario

A pesar de que el Cefereso 9 cuenta con todo los equipos necesarios para realizar una videoconferencia en vivo, tales como cámaras, circuitos cerrados y señal para transmisiones, un juez penal pretendía que las autoridades penitenciarias federales sacaran de su celda y de ese penal de máxima seguridad a Joaquín El Chapo Guzmán para una diligencia.
Y todo debido a que Mario Francisco Sánchez Páez, El M1, considerado un sanguinario narcotraficante y sicario de Caborca, Sonora, pidió que el exlíder del Cártel de Sinaloa fuera uno de sus testigos para demostrar su inocencia.
Fue el juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por medio de su secretario Luis Armando Camacho Camacho, fue quien envió a las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, la orden de excarcelamiento de Guzmán Loera.
La orden del juzgado pretendía que el capo, que ha escapado de dos penales federales, fuera sacado este jueves de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, “el 30 de junio de 2016 a las 10:00 de la mañana (hora local)” para atender la diligencia en la que El M1 lo había solicitado.
“Gírese telegrama al comisionado del órgano administrativo desconcentrado en prevención y readaptación social y secretario de Gobernación con residencia en la Ciudad de México a fin de que permita la salida provisional de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, el día y hora señalada con antelación”, se lee en el documento.
Según el oficio en poder de La Razón y enviado a las autoridades penitenciarias, el juzgado advierte que las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad serían las responsables de la operación para excarcelar a El Chapo Guzmán.
“También remítanse oficios al Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, informándole lo anterior y titular de la oficina de apoyo de la coordinación estatal de la Policía Federal a fin de que bajo su más estricta responsabilidad y con las seguridades que el traslado lo amerita, efectúe su traslado de dicho testigo desde ese centro penitenciario hasta el local de este juzgado para las prácticas de dichas diligencias del orden penal estando en todo momento la seguridad del procesado a cargo de los elementos federales”, indica.
El juez que envió la orden advirtió a las autoridades que en caso de no acatar se les impondría una multa. “Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a esta causa judicial o informar oportunamente y por escrito las causas que impidan hacerlo se les impondrá a cada uno una multa de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización… siendo el valor actual de $73.04”, explica.
Según el documento, El M1 se encuentra preso en Matamoros, Tamaulipas, y por vía de un exhorto solicitó a un juzgado de Chihuahua la participación de Guzmán Loera en su juicio.
Fue así que de manera formal el Secretario en funciones del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Roberto Colmenero hizo la petición al juez chihuahuense y éste finalmente a las federales.



jueves, 30 de junio de 2016

Los secretos de Badiraguato

En Badiraguato se libra una batalla intestina. Nada nuevo en los negocios ilegales  desde la seda y las especias hasta el güisqui y las drogas. Abundan las historias de Caín contra Abel. Ya torcido todo entre las familias, cualquier pretexto desata de nuevo la batalla.

Los secretos de Badiraguato trascienden los mitos que la rodean. Los personajes han sido vecinos inconformes que han convivido por varios años, a veces respetándose en códigos que muchos dicen apagados, y otras violando hasta lo más elemental. Al fin que la máxima es más vieja incluso que el corrido que la hizo famosa, en 1971 Camelia la Texana acuñó: “La traición y el contrabando son cosas incompartidas”.

Un detalle revela los alcances: siete días después de los enfrentamientos armados en la sierra de Badiraguato, la reja de la casa de la mamá del Chapo, Consuelo Loera, estaba clausurada. Como quien sale sin prisas y no se olvida de cerrar puertas y ventanas. Así lo comprobó el primer grupo de reporteros que alcanzó a llegar a la cuna de los Guzmán, justamente una semana después del primer reporte sobre enfrentamientos. Camarógrafos y fotógrafos llegaron a la par de la Marina, el Ejército y las Policías Ministerial y Estatal Preventiva y encontraron la reja cerrada. El fuego, en realidad, ya se había apagado. La casa no mostraba un solo rasguño, impecable.

Pero cinco días después, ya con el Ejército y la Policía Ministerial en las veredas polvosas para llegar a La Tuna, era posible entrar al portal de arcos de la casona rosa con tejas color ladrillo. Y hasta pasar al baño de la parte trasera, o fotografiar las muchas plantas que rodean la finca como recién regadas, o el ganado ordenado en su corral sin peligro de morir de hambre o sed.

El único funcionario de alto nivel que arribó hasta La Tuna es Moisés Melo, el Coordinador Estatal de Seguridad —y Martiniano Vizcarra, mando cercano a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez—, se apresuró a aclarar oficialmente que la casa de la madre del Chapo, y la misma señora Consuelo Loera, no habían sido atacadas en ningún momento, y la prueba estaba a la vista, es decir, la casona rosa que destaca en lo seco del paisaje.

Con todo y que la presencia militar y policiaca aplacó los ánimos, en Badiraguato se libra todavía esa batalla. No empezó la madrugada del 11 de junio; el primer ataque fue días antes cuando asesinaron a Raúl Muro Valdez, junto a uno de sus trabajadores. Aunque podría decirse que empezó meses atrás —en diciembre—, con el asesinato del hermano de Raúl, Cristóbal Muro Valdez. Todos coinciden en que Raúl ni vela tenía en todo el conflicto, pero su asesinato desató de nuevo el enfrentamiento.

Después de cinco días de balaceras y comandos armados que circularon por los caminos de la sierra, ninguna autoridad siquiera se acercó o confirmó lo que ocurría en Badiraguato. La estrategia del Estado de nueva cuenta es mantenerse al margen, o a veces influir a favor de alguno de los grupos.

Finalmente, el gobierno de Sinaloa incursionó en la sierra y ahora sabe que no puede mantener esa presencia de efectivos en la zona por más de una semana. Menos después de lo ocurrido desde el jueves en Cosalá y Mazatlán, que apenas en tres enfrentamientos sumaron nueve muertos, y alcanzaron 17 en apenas 48 horas.

Margen de error

(Help) La guerra solo entró en una pausa, ambos grupos en conflicto están reagrupándose ahí mismo, en las veredas de Badiraguato, por donde no circulan vehículos y que conocen mejor que nadie los pobladores. Por la montaña, en campamentos y pequeñas cabañas, se mantienen grupos armados a la espera de un nuevo enfrentamiento, porque la raíz del conflicto sigue enterrada.

De ahí la insistencia de Mario López Valdez de solicitar a la Marina y al Ejército, refuerzos en la zona serrana. Este martes Malova se va a reunir con los titulares de Semar y Sedena con esa petición, que difícilmente podrán atender con los conflictos en Oaxaca y sin un cebo interesante que los atraiga. Como sí pasó cuando tenía el gobierno federal la urgencia de recapturar al Chapo.

Hoy, Peña Nieto tiene otros conflictos mayúsculos que le explotaron en la mano, como para pensar en alguno de los objetivos de la delincuencia organizada que se refugian en Badiraguato.

Oficialmente el gabinete de seguridad sigue manejando la tesis de un conflicto de familias y niega cualquier evidencia de homicidios entre el 11 y el 15 de junio, cuando se desataron los demonios en Badiraguato y se intentaron cobrar cuentas.

Pero cada día los testimonios desmienten a la Procuraduría y al Coordinador de Seguridad.

Mirilla

(Viejos rencores) La conexión de lo ocurrido en La Tuna, Badiraguato, en los últimos 15 días, se remonta a seis meses atrás, cuando en San José del Barranco, una pequeña comunidad cercana a La Tuna, asesinaron a Cristóbal Muro Valdez y sus siete escoltas.

O antes, en abril de 2015, cuando asesinaron a Ernesto Guzmán Hidalgo, suegro de Alfredo Beltrán Leyva. En ambos casos, se trata de una historia todavía contada de manera incompleta.

DEATRASALANTE

(2008) Si algo demostró la guerra de 2008 es que las fuerzas del Estado están penetradas por la delincuencia organizada, en todos los niveles. La Operación Limpieza de Felipe Calderón acusó a altos funcionarios encargados del combate al tráfico de drogas, al mismo tiempo que como nunca fueron asesinados en Sinaloa agentes de las policías municipales y ministerial, donde ellos mismos tomaron partidos en la guerra interna de las organizaciones delictivas



Cae ¨El Piolín¨ y ¨El Gross¨ integrantes del CJNG en Tijuana, les decomisan armas largas

En Tijuana, la Policía Estatal Preventiva (PEP) logró detener a dos sujetos presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, liderada por ¨El Piolín¨ y ¨El Gross¨. La detención ocurrió el miércoles por la tarde cuando oficiales de la corporación ubicaron a los sujetos,  quienes circulaban a exceso de velocidad, sobre la calle Décima, en el ejido Matamoros. 

Tras pedirles que detuvieran su marcha y alcanzarlos los oficiales se aproximaron a quienes se identificaron como Reynaldo ¨N¨, alias ¨El Cabo¨, originario de Los Ángeles California, y su acompañante Víctor Hugo ¨N¨, originario de Tijuana, ambos de 35 años de edad. 

Acto seguido, se les solicitó bajar de la unidad marca Honda Odissey, modelo 2005 sin placas de circulación, para Reynaldo una intervención de rutina en la cual encontraron una maleta dentro del vehículo que contenía: 230 gramos de ¨cristal¨ que equivalen a 2 mil 300 dosis de la droga. 2 armas largas calibre .223 milímetros. 1 arma larga calibre 30-30 milímetros. 1 arma corta 5.7 x 28 milímetros. 1 arma corta calibre 9 milímetros. 177 cartuchos de diversos calibres. 6 cargadores. 

De acuerdo a los registro del área de inteligencia de la PEP Reynaldo ¨El Cabo¨ fue identificado como el segundo al mando de la célula liderada por Juan José alias ¨El Piolín¨, y Arturo Giovanni alias ¨El Gross¨ integrantes del Cártel de Jalisco. Se presume que se encargaba de distribuir la mercancía de sustancias ilícitas recibidas en Tijuana, principalmente en la colonia Sánchez Taboada, así como de traficar droga a Estados Unidos.



Cae "El Meño" operador de El Mayo Zambada

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó una orden de Detención Provisional con fines de Extradición a los Estados Unidos de América (EUA), en contra de Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias “El Meño”.
Este sujeto es hermano del lugarteniente del Cártel del Pacífico, Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, dependientes de "El Mayo" Zambada y es reclamado para ser procesado en aquel país por delitos Contra la Salud.

“Él Meño” controla una red de distribución de drogas y de lavado de dinero con base en Culiacán, la cual era suministrada por uno de los líderes de ese cártel, además, facilita la importación de drogas de México a EUA con la ayuda de sus hermanos, Héctor Manuel y Sergio Avendaño Ojeda.

Elementos de la AIC, adscritos a Interpol México, en coordinación con efectivos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), detuvieron al inculpado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Héctor Manuel es reclamado por la Corte Superior del Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América.

El probable responsable será recluido en un Centro Federal de Readaptación Social a disposición de la autoridad requirente.